El idioma es una de las bases sobre las cuales se sostiene la identidad nacional y la cultura de un pueblo, siendo el medio principal para la adquisición, conservación y transmisión de sus aspiraciones, valores y costumbres. Es por esta razón que cada pueblo tiene derecho a mantener, defender y promover su propia identidad nacional y cultural de acuerdo a sus valores, su lengua materna y sus tradiciones.

Un sinnúmero de hombres y mujeres ilustres han dado la batalla por proteger las características que nos identifican como puertorriqueños. Gracias a la lucha de estos patriotas, podemos sentirnos orgullosos de nuestra identidad e idiosincrasia nacional.

Sin embargo, la Ley 1-1993, en la que se denominan “indistintamente” el español y el inglés como idiomas oficiales del Gobierno de Puerto Rico, ha tenido el efecto de que nuestro Gobierno pueda utilizar cualquiera de los dos idiomas en documentos y rotulaciones oficiales, ignorando la innegable realidad de que una gran mayoría de los puertorriqueños no entienden ni hablan el idioma inglés. En la práctica, esto permite que el inglés sustituya legalmente al español, en perjuicio de la mayoría de los puertorriqueños que no dominan el inglés. Lamentablemente, desde hace varios años, esta práctica inadecuada ha venido ocurriendo de parte de algunos gobiernos de turno en rotulaciones y documentos públicos. El español, nuestra lengua materna, es el idioma en el que pensamos y hablamos los puertorriqueños y hay que tener en consideración que sobre el ochenta por ciento (80%) de los puertorriqueños no entienden ni hablan el inglés.

Con la presente legislación no pretendemos socavar la enseñanza del inglés o de cualquier otro idioma extranjero; por el contrario, somos del criterio que los puertorriqueños tenemos la necesidad de aprender idiomas diferentes al nuestro, especialmente el inglés. Reconocemos en el inglés una lengua importante que se ha convertido en la lengua oficial del mundo comercial y empresarial global. Reconocemos también que debido a la relación política que mantenemos con los Estados Unidos de América, a través del Estado Libre Asociado, este idioma es de significativa importancia para nuestro País. Sin embargo, es imperativo que le demos a nuestra lengua vernácula el sitial que se merece.

Cónsono con estas realidades históricas, culturales y sociales es necesario que se declare el español como primer idioma oficial de nuestro país en todo asunto oficial del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el inglés como segundo idioma oficial, solo para aquellos asuntos en los que sea necesario, indispensable o más conveniente hacerlo. Fortalecer el español como idioma oficial es una manera eficaz de mantener nuestra identidad cultural y ser más prácticos con la realidad de los puertorriqueños. Entiéndase que esta legislación no es una del concepto de “español solamente” (“Spanish only”), sino una medida legislativa pragmática y realista de “español primero” (“Spanish first”).

Todos los puertorriqueños deben poder comunicarse oficialmente con el gobierno en la lengua materna, en el idioma español, que todos conocen y el gobierno debe hacer lo propio en igual forma con sus constituyentes, sin tener la discreción de comunicarse indistintamente en otro idioma que la mayoría del pueblo no entiende.

Por lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende impostergable establecer el idioma español, como primer idioma oficial del Gobierno, demostrando así la primacía del español como vehículo de la expresión de los puertorriqueños y como elemento vital, no negociable, de nuestra nacionalidad.

La langue est l’un des fondements sur lesquels l’identité et la culture nationales d’un peuple sont soutenues, étant le principal moyen d’acquisition, de préservation et de transmission de ses aspirations, de ses valeurs et de ses coutumes. C’est pour cette raison que chaque peuple a le droit de maintenir, de défendre et de promouvoir sa propre identité nationale et culturelle en fonction de ses valeurs, de sa langue maternelle et de ses traditions.

D’innombrables hommes et femmes illustres se sont battus pour protéger les caractéristiques qui nous identifient comme Portoricains. Grâce à la lutte de ces patriotes, nous pouvons être fiers de notre identité nationale et de nos particularités.

Toutefois, la loi 1-1993, qui fait référence «indistinctement» à l’espagnol et à l’anglais comme langues officielles du gouvernement de Porto Rico, a eu pour effet que notre gouvernement peut employer l’une ou l’autre des langues dans les documents officiels et l'affichage, ignorant la réalité indéniable selon laquelle une grande majorité de Portoricains ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue anglaise. Dans la pratique, cela permet à l’anglais de remplacer légalement l’espagnol, au détriment de la plupart des Portoricains qui ne maîtrisent pas l’anglais. Malheureusement, depuis plusieurs années, cette pratique inappropriée se produit de la part de certains gouvernements en service dans l'affichage et les documents publics. L’espagnol, notre langue maternelle, est la langue dans laquelle les Portoricains pensent et parlent et nous devons en tenir compte environ quatre-vingts pour cent (80%) des Portoricains ne comprennent pas ou ne parlent pas anglais.

Avec ce projet de loi, nous n’avons pas l’intention de saper l’enseignement de l’anglais ou de toute autre langue étrangère; au contraire, nous sommes d'avis que les Portoricains ont besoin d’apprendre d'autres langues que la nôtre, en particulier l’anglais. Nous reconnaissons l'anglais comme une langue importante qui est devenue la langue officielle du monde commercial et commercial mondial. Nous reconnaissons également qu’en raison de nos relations politiques avec les États-Unis d’Amérique, par l’intermédiaire de l’État libre associé, cette langue est d’une importance significative pour notre pays. Cependant, il est impératif que nous donnions à notre langue vernaculaire la place qu’elle mérite.

Conformément à ces réalités historiques, culturelles et sociales, il est nécessaire que l'espagnol soit déclaré comme première langue officielle de notre pays dans toutes les affaires officielles du gouvernement de l’État associé libre de Porto Rico et l'anglais comme deuxième langue officielle, seulement pour les questions dans lesquelles il est nécessaire, indispensable ou plus pratique de le faire. Le renforcement de l’espagnol en tant que langue officielle est un moyen efficace de maintenir notre identité culturelle et d’être plus pratique avec la réalité des Portoricains. Il faut comprendre que cette législation ne fait pas partie du concept de «l'espagnol seulement», mais une mesure législative pragmatique et réaliste de «l'espagnol d'abord».

Tous les Portoricains doivent être en mesure de communiquer officiellement avec le gouvernement dans leur langue maternelle, dans la langue espagnole, que tout le monde connaît, et le gouvernement doit faire de même avec ses électeurs, sans avoir le pouvoir discrétionnaire de communiquer sans discernement dans une autre langue que la plupart des gens ne comprennent pas.

Par conséquent, cette Assemblée législative comprend qu’il est impossible d’instituer la langue espagnole, en tant que première langue officielle du gouvernement qu'en démontrant ainsi la primauté de l’espagnol comme le véhicule pour l’expression des Portoricains et comme un élément vital et non négociable de notre nationalité.

En su defecto, se podrá utilizar el idioma inglés cuando fuera necesario, indispensable o más conveniente, en todos los documentos o comunicaciones con personas, entidades privadas o gubernamentales, tanto estatales, federales o internacionales cuyo contenido sea uno técnico, profesional, comercial, industrial o educativo, abarcando entre otros: informes de auditoría, propuestas, solicitudes y documentos complementarios para la obtención y manejo de programas de fondos y/o becas y otros fines tanto federales como extranjeras; campañas publicitarias dirigidas a un publico internacional, documentos con información económica publicados en el mercado financiero; negociaciones, transacciones y documentos de naturaleza comercial y jurídica; reválidas, planillas, formularios, instrucciones y/o reglamentos especializados y técnicos en donde por la naturaleza del tema que rige dicha comunicación o documento, o debido al público al que esté dirigido, es de uso y costumbre, necesario, práctico e indispensable que se redacte en inglés.

Esto, respondiendo a las necesidades y pericia del ente gubernamental siempre y cuando no se menoscaben los derechos de la población en comunicarse con el ente en su idioma vernáculo con el fin de ser utilizados tanto dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el extranjero, en otros estados y/o para el gobierno federal. Además, como manera de excepción, podrán utilizar en sus trámites y comunicaciones idiomas que no sean los oficiales cuando ello fuere estrictamente necesario que el no hacerlo resulte en prejuicio de los mejores intereses del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su gente.

2) Como manera de excepción, la Universidad de Puerto Rico, el Banco Gubernamental de Fomento y la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, podrán utilizar los idiomas aquí establecidos según su uso y costumbre sin la jerarquía propuesta en esta Ley, cuando sea necesario, indispensable o más conveniente, en todos los documentos o comunicaciones con personas, entidades privadas o gubernamentales, instituciones, organizaciones y/o agencias tanto estatales, federales e internacionales.

Artículo 3.

En los casos de rotulaciones de vehículos de motor, vías públicas, señales de tránsito, edificios públicos y otras instalaciones del gobierno estatal y municipal, éstos se harán en español. El idioma inglés se podrá utilizar para estos fines siempre que se acompañe primero con el idioma español.

Artículo 4.

Se faculta y ordena a todos los funcionarios ejecutivos de los diversos departamentos, municipios u otras subdivisiones políticas, agencias, corporaciones públicas, oficinas y dependencias gubernamentales de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a promulgar toda aquella reglamentación que estime necesaria y conveniente, así como proveer aquellas instalaciones, recursos y personal que fueren necesarios para dar fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 5.

Los departamentos, municipios, agencias, corporaciones públicas, oficinas y dependencias gubernamentales de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico quedan facultados para utilizar intérpretes y traductores competentes para llevar a cabo las disposiciones de esta Ley.

Artículo 6.

Las disposiciones de esta Ley no limitan los derechos constitucionales de ninguna persona, por razón del idioma que le sea vernáculo o que utilice como medio de expresión y las agencias, municipios y toda dependencia del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se comunicarán con toda persona que recurra ante éstos en su idioma vernáculo, sea éste español o inglés.

Artículo 7.

Las disposiciones de esta Ley no afectarán la enseñanza de la materia del inglés en las escuelas o instituciones educativas del Sistema de Educación Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Artículo 8.

Los documentos otorgados o expedidos con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley no estarán sujetos a las disposiciones de la misma. Las rotulaciones de vehículos de motor, vías públicas, señales de tránsito, edificios públicos y otras instalaciones del gobierno estatal y municipal tendrán que atemperarse a las disposiciones de esta Ley en un periodo de no más de quince (15) meses contados desde que entre en vigor esta Ley.

Artículo 9.

1) Todo funcionario público que incumpla con las disposiciones de esta Ley, vendrá obligado a satisfacer una multa de mil quinientos (1,500) dólares de su propio peculio.

2) De persistir la violación por un periodo igual o mayor de sesenta (60) días, se le expedirá una segunda multa de tres mil (3,000) dólares. De la violación persistir por un periodo igual o mayor de noventa (90) días, se le expedirá una multa de diez mil (10,000) dólares. Esta última cuantía se repetirá cada seis (6) meses, mientras persista el incumplimiento de esta Ley. Los fondos recaudados por concepto de estas multas ingresarán al Fondo General del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Artículo 10.

Se le ordena a la Comisión de Servicio Público, quien regulará toda comunicación gráfica utilizada en las unidades de transporte y/o vehículos; al Departamento de Transportación y Obras Públicas, quien regulará la rotulación de las vías públicas; a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, quien regulará las comunicaciones a través de la televisión, radio y prensa escrita; a la Oficina de Gerencia de Permisos, quien regulará todo letrero, pizarra electrónica, escritura, impreso, pintura, emblema, dibujo, lámina, o cualquier otro tipo de comunicación gráfica y otros similares; y al Departamento de Estado, quien atenderá cualquier querella o reclamo sobre cualquier otro tipo de comunicación que no se encuentre anteriormente establecida, a crear un reglamento como entes fiscalizadores, con el propósito de aplicar y hacer valer las disposiciones de esta Ley, garantizándole el debido proceso de Ley a todos los ciudadanos.

Éstas, tendrán la facultad de expedir multas a los infractores además de atender cada una de las querellas radicadas ante sí por parte de cualquier otra agencia tanto del gobierno estatal o municipal y/o persona natural o jurídica, en violación a esta Ley. Si por ley posterior a la aprobación de esta Ley alguna de las agencias antes mencionadas fuera fusionada, eliminada o consolidada, le corresponderá realizar las funciones dispuestas en este Artículo a la agencia o entidad gubernamental que sustituya en funciones a la misma. Cualesquiera reglamentos que sean adoptados en cumplimiento de esta Ley dispondrán garantías para ejercer el derecho a obtener reconsideración de las determinaciones administrativas y la revisión judicial correspondiente.

Artículo 11.

Si un funcionario público afectado por la notificación de una multa por el incumplimiento de esta Ley, considera que no se ha cometido la violación que se le imputa, agotado el proceso administrativo de rigor, podrá entablar un recurso de revisión judicial conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Artículo 12.

En la medida que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus departamentos, agencias, corporaciones públicas, oficinas y dependencias, al igual que los Gobiernos Municipales, se vean obligados a incurrir en algún gasto a los fines de cumplir con las disposiciones de esta Ley, éstos serán incluidos en el próximo Presupuesto de Ingresos y Gastos del Gobierno Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los Gobiernos Municipales.

Artículo 13.

Se deroga la Ley 1-1993.

Artículo 14.

Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Par défaut, la langue anglaise pourra être employée lorsque cela est nécessaire, indispensable ou plus pratique, dans tous documents ou communications avec des personnes, des entités privées ou gouvernementales, nationales, fédérales ou internationales, dont le contenu est technique, professionnel, commercial, industriel ou éducatif, y compris entre autres: les rapports de vérification, les propositions, les requêtes et les documents complémentaires pour l'obtention et la gestion de fonds et/ou de programmes de bourses et à d'autres fins fédérales et étrangères; les campagnes publicitaires destinées à un public international, les documents contenant des informations économiques publiées sur le marché financier; les négociations, les transactions et les documents à caractère commercial et juridique; les revalidations, les modèles, les formulaires, les instructions et / ou les règlements spécialisés et techniques lorsque, en raison de la nature du sujet qui régit ladite communication ou ledit document, ou du fait du public auquel il est adressé, il est d'usage personnalisé, nécessaire, pratique et indispensable que ce soit rédigé en anglais.

Ceci, pour répondre aux besoins et à l'expertise de l'entité gouvernementale tant que les droits de la population à communiquer avec l'entité dans leur langue vernaculaire ne sont pas compromis afin d'être employés à la fois dans l'État libre associé de Porto Rico, à l'étranger, dans d'autres États et/ou pour le gouvernement fédéral. En outre, à titre exceptionnel, les langues autres que les langues officielles peuvent être employées dans leurs formalités et leurs communications lorsqu’il est strictement nécessaire que cela ne porte pas préjudice à l’intérêt supérieur du gouvernement de l’État associé libre de Porto Rico et de sa population.

2) À titre exceptionnel, l'Université de Porto Rico, la Banque de développement du gouvernement et l'Administration des affaires fédérales de Porto Rico peuvent employer les langues établies dans les présentes selon leur usage et leur coutume sans la hiérarchie proposée dans la présente loi, s'il est nécessaire, indispensable ou plus pratique, dans les documents ou les communications avec des personnes, des entités privées ou gouvernementales, des institutions, des organisations et/ou des agences, à la fois nationales, fédérales et internationales.

Article 3

Dans le cas de l'affichage des véhicules à moteur, des voies publiques, des panneaux de signalisation, des bâtiments publics et d'autres installations de l'État et du gouvernement municipal, l'espagnol doit être employé. La langue anglaise peut être employée à ces fins à la condition qu'elle soit d'abord accompagnée de la langue espagnole.

Article 4

Tous les cadres des divers départements, des municipalités ou d'autres subdivisions politiques, des agences, des entreprises publiques, des bureaux et des dépendances gouvernementales des branches exécutive, législative et judiciaire de l'État libre associé de Porto Rico sont habilités et tenus de promulguer toutes les réglementations jugées nécessaires et pratiques, ainsi que de fournir les installations, les ressources et le personnel nécessaires pour se conformer fidèlement aux dispositions de la présente loi.

Article 5

Les départements, les municipalités, les agences, les sociétés ouvertes, les bureaux et les unités gouvernementales des branches exécutive, législative et judiciaire de l’État libre associé de Porto Rico sont habilités à avoir recours à des interprètes et à des traducteurs compétents pour appliquer les dispositions de la présente loi.

Article 6

Les dispositions de la présente loi ne limitent pas les droits constitutionnels de quiconque, en raison de la langue vernaculaire ou employée comme moyen d'expression, et les agences, les municipalités et toutes les dépendances du gouvernement de l’État libre associé de Porto Rico doivent communiquer avec quiconque qui fait appel à eux dans leur langue vernaculaire, que ce soit en espagnol ou en anglais.

Article 7

Les dispositions de la présente loi n’affectent pas l’enseignement de l’anglais dans les écoles ou les établissements d’enseignement du système d’éducation publique de l’État libre associé de Porto Rico.

Article 8

Les documents accordés ou émis avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne seront pas soumis aux dispositions de celle-ci. L'affichage des véhicules à moteur, des voies publiques, des feux de signalisation, des bâtiments publics et d'autres installations de l'État et du gouvernement municipal devra se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai ne dépassant pas 15 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 9

1) Tout fonctionnaire qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi est tenu de payer une amende de 1500 $ à ses frais.

2) Si l'infraction persiste pendant une période égale ou supérieure à 60 jours, une deuxième amende de 3000 dollars sera prononcée. Si l'infraction persiste pendant une période égale ou supérieure à 90 jours, une amende de 10 000 dollars sera prononcée. Ce dernier montant sera renouvelé tous les six mois, tant que perdurera l'Infraction de la présente loi. Les fonds prélevés sur ces amendes entreront dans le Fonds général du gouvernement de l’État libre associé de Porto Rico.

Article 10

Il est ordonné à la Commission de la fonction publique, qui réglementera toutes les communications graphiques employées dans les unités de transport et/ou dans les véhicules; au ministère des Transports et des Travaux publics, qui réglementera l'étiquetage des voies publiques; au Conseil de régulation des télécommunications, qui réglementera les communications par la télévision, la radio et la presse écrite; au Bureau de gestion des permis, qui réglementera les affiches, les tableaux électroniques, les écritures, l'impression, la peinture, les emblèmes, les dessins, les images, le papier ou tout autre type de communication graphique et autres similaires; et au Département d'État, qui s'occupera des plaintes ou des réclamations concernant tout autre type de communication qui n'est pas préalablement établi, pour prévoir une réglementation en tant qu'entités de surveillance, dans le but d'appliquer et de faire respecter les dispositions de la présente loi, garantissant une procédure régulière à tous les citoyens.

Ces organismes auront le pouvoir d'infliger des amendes aux contrevenants en plus de s'occuper de chacune des plaintes déposées devant eux par tout autre organisme de l'État ou du gouvernement municipal et/ou une personne physique ou morale, en violation de la présente loi. Si, par une loi, après l'approbation de la présente loi, l'un des organismes susmentionnés a été fusionné, éliminé ou consolidé, il incombera à l'organisme ou à l'entité gouvernementale qui se substitue à ses fonctions d'exercer les fonctions prévues dans le présent article.
Tout règlement adopté conformément à la présente loi fournira des garanties pour l'exercice du droit d'obtenir le réexamen des décisions administratives et le contrôle judiciaire correspondant.

Article 11

Si un fonctionnaire concerné par la notification d'une amende pour infraction à la présente loi estime que la violation qui lui est imputée n'a pas été commise ou a épuisé le processus administratif rigoureux, il peut introduire un recours en révision judiciaire conformément avec les dispositions de la loi n° 170 du 12 août 1988, telle que modifiée, connue sous le nom de «Loi uniforme sur la procédure administrative de l'État libre associé de Porto Rico».

Article 12

Dans la mesure où le gouvernement de l’État libre associé de Porto Rico, ses ministères, ses organismes, ses sociétés publiques, ses bureaux et unités, comme les administrations municipales, sont obligés d’engager certaines dépenses afin de se conformer aux dispositions de la présente loi, celles-ci seront incluses dans le prochain budget des recettes et des dépenses du gouvernement de l’État libre associé de Porto Rico et des administrations municipales.

Article 13

 La loi 1-1993 est abrogée.

Article 14

La présente loi entrera en vigueur immédiatement après son adoption.